La pandemia fue un ejemplo de crisis para la que era necesario actuar de forma conjunta y rápida y que, a su vez, puso de manifiesto la fragilidad de la resiliencia económica, ecológica y colectiva de nuestras sociedades. En cuanto a la transición ecológica y digital, la pandemia funcionó como un acelerador. Pero la crisis climática ya nos había dando momentos de alerta. Sin embargo, los gobiernos nacionales decidieron no darle prioridad ya que la transición verde no es una inversión de la que se puedan ver resultados directos y a corto plazo. Por tanto, los bienes públicos intangibles de los sistemas de resiliencia colectiva son fundamentales, y cuanto más integremos ese conocimiento desde el principio, mejor preparados estaremos para afrontar cualquier crisis.
En una primera instancia, podríamos esperar que las subvenciones medioambientales sean la solución para una transición digital y verde; sin embargo, esto no es suficiente, también necesitamos un contrato social entre el Estado, sus ciudadanos y las instituciones privadas y públicas para articular una agenda más verde e inclusiva. Por ejemplo, el programa Horizon Europe cuenta con un presupuesto de alrededor de 3.000 millones de euros con la finalidad de apoyar proyectos que se encuentren dentro de la agenda verde. Sin embargo, esto significa que las entidades privadas y públicas tendrán que trabajar juntas para que estas inversiones se reflejen en beneficios futuros para la sociedad, por ejemplo: la reducción de los precios de la energía y los alimentos bioseguros, o la garantía de que los recursos estén disponibles para las próximas generaciones.
Por lo tanto, una de las principales claves para lograr este difícil contrato es cambiar la forma en que percibimos nuestros recursos naturales y ecosistemas, pasando de ser considerado como un bien público a un bien común. Para entender por qué esto es tan fundamental, es importante mantener las dos ideas diferenciadas: el bien común “se refiere a aquellas facilidades -ya sean materiales, culturales o institucionales- que los miembros de una comunidad proporcionan a todos los miembros para cumplir con una obligación relacional que todos tienen de cuidar ciertos intereses que tienen en común” , mientras que un bien público es “un tipo particular de bien que los miembros de una comunidad no poseerían si cada uno estuviera motivado solo por su propio interés”.
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Bajo estas definiciones, podemos notar que nuestros ecosistemas y recursos naturales, han sido tratados desde la revolución industrial como un bien público, y más tarde, considerados como un elemento tanto de los derechos humanos como del desarrollo económico para avanzar en la descolonización en la década de los sesentas.
Esta visión de los recursos como un bien público ha fracasado, siendo la actual catástrofe ecológica, el más claro ejemplo de esto. Siempre llegamos demasiado tarde, donde, en lugar de prevenir las catástrofes, hemos tenido que encontrar nuevas formas de resolverlas de manera emergente, lo que supone una mayor inversión de dinero, tiempo y, en algunos casos, ha causado daños irreversibles.
Es importante acentuar que esta catástrofe ecológica tiene sus raíces en el colonialismo, ya que las relaciones de poder desiguales entre y dentro de los países desarrollados y en desarrollo siguen definiendo las causas y consecuencias del cambio climático. En concreto, el colonialismo destruyó las formas de vida y de conocimiento comunales, y dio lugar a la idea de que todos los territorios que se encontraban en el mundo eran recursos para los colonizadores. Fue una un genocidio y un ecocidio, que se enredó con la privatización de los bienes comunes del clima mundial.
Ahora bien, si cambiáramos y reguláramos el mundo natural como un bien común, entonces se convierte en responsabilidad de todos mantenerlo y preservar nuestro planeta. Hasta ahora sólo unos pocos organismos o actores se han encargado de preservarlo, entre ellos los científicos y las organizaciones civiles; sin embargo, es necesario idear un sistema de regulación/ decisión en el que la responsabilidad se comparta de forma más amplia, sin buscar beneficios políticos o de cualquier otra índole y con interacciones más equitativas entre las empresas privadas, las comunidades locales y los países.
Para lograr este cambio en la percepción del mundo natural como un bien común, necesitamos reconfigurar la forma en que consumimos y utilizamos nuestros recursos, crear una política verde que tenga consecuencias a nivel del planeta y reorganizar nuestras relaciones sociales en un lugar sin fronteras ni jerarquías de regiones con poder. Es cierto que hay que emprender acciones
locales para generar un cambio global, pero estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia coherente en cuanto al uso de los recursos y los ecosistemas en el resto del planeta.
PRIMER CASO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES COMO UN BIEN COMÚN Y SUS LIMITACIONES
Noruega, en 2016, se convirtió en el primer país en prohibir la deforestación y retiró de su mercado cualquier producto que procediera de la tala indiscriminada de árboles, demostrando que sólo apoyaría los mercados de las empresas e industrias que tuvieran iniciativas medioambientales y sostenibles para el país, y con ello poder diseñar un círculo verde en la economía global. Pero la iniciativa no se quedó ahí, porque la mayor tasa de deforestación del planeta no se produce en esta región geográfica, sino en África y América Latina, donde Brasil encabeza la lista. Por ello, Noruega, a la par de sus políticas, adoptó otras iniciativas como la “Joint Declaration of Intent” para cooperar con los gobiernos de Alemania y Perú en 2014. A través de esta iniciativa, Noruega ha contribuido a los esfuerzos peruanos en el diseño e implementación de políticas públicas a nivel nacional y regional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de los bosques. Esto se implementó a través de un mecanismo de pago por resultados, mediante el cual Noruega desembolsaría dinero a Perú por cada objetivo cumplido.
Lamentablemente, incluso con estas iniciativas, en un año marcado por la inmovilización nacional debido a la pandemia del COVID-19, la pérdida de bosques en Perú en 2020 fue la más alta en lo que va de siglo, superando la cantidad de bosques perdidos el año anterior en 54.846 hectáreas. En este caso, los datos sugieren que la mayor proporción de la deforestación se debe a la actividad ilegal, y esto no significa que manejar los recursos naturales como un bien común haya fallado, sino que el mismo problema debe ser abordado desde diferentes ángulos, ya que, en este caso las fuertes raíces del colonialismo han creado una urgencia socioeconómica en los países sobreexplotados. En otros términos, la colonización de los recursos trajo consigo un rápido cambio socioeconómico y tecnológico para los colonizadores, pero los colonizados sufrieron las consecuencias de la sobreexplotación de sus tierras más allá de las consecuencias naturales. La colonización también provocó la sobreexplotación de los trabajadores nativos, el control de la economía y la administración de los estados para asegurar que el país colonizado se convirtiera en una nación consumidora de los productos manufacturados por los colonizadores, y así crear una sobreexplotación sistemática y obligar al país colonizado a vivir bajo una economía endeudada todo el tiempo.
Además, hay tres determinantes importantes en la relación entre el colonialismo y la deforestación: la corrupción, facilitada por las zonas a menudo remotas, la imposibilidad de inventar los recursos y la baja remuneración de los funcionarios; por los regímenes de derechos de propiedad; y la calidad del estado de derecho y la estabilidad política.
DESARROLLAR UN PROYECTO EN EL ÁMBITO DEL BIEN COMÚN
Mientras que las subvenciones medioambientales como las creadas por Save Our Species, Horizon Europe e Interreg, entre otras, se encargan de acelerar la doble transición verde y digital, es nuestra responsabilidad como desarrolladores de proyectos e innovadores, desarrollar un proyecto haciendo una investigación previa sobre qué necesidades/crisis ecológicas que hay, así como sobre cómo podemos diseñar el proyecto para obtener el mayor beneficio, cómo podemos asegurar que el proyecto va a enriquecer el futuro, cómo podemos hacerlo factible para todos, etc.
Un ejemplo de este tipo de proyectos bajo el ámbito del bien común fue el desarrollo de la vacuna de Astra Zeneca, que aunque no produjo por la mayor inmunidad, tuvo en cuenta factores de acceso global como prioritarios.
En este caso concreto, los investigadores de la Universidad de Oxford, que fueron financiados principalmente por el Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea, negociaron que los precios debían seguir siendo accesibles y que la temperatura de almacenamiento no podía ser tan baja que no fuera accesible en el Sur Global; pero también se adhirieron al pool de patentes, que es un mecanismo muy importante en términos de inteligencia colectiva, y que significa que no se puede abusar de los derechos de propiedad intelectual. Este es un ejemplo de lo que significa invertir en un beneficio para todos y esto lleva a un nuevo diseño de un modelo económico, que propone como objetivo primordial un planeta sano para poder ofrecer una buena vida para todos.
CONCLUSIÓN
En este artículo se han presentado los beneficios de tratar nuestro planeta y sus recursos como un bien común para hacer un mejor uso de las subvenciones ambientales y lograr un cambio real. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer e importantes problemas por resolver en cuanto a la relación entre el bien común y la justicia social, la creación de una preocupación mutua por la actual catástrofe ecológica, la incorporación de los requisitos básicos de la moral en la toma de decisiones y el propio sistema socioeconómico que nos ha traído hasta este momento.
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