¿Qué necesitamos para crear un contrato social verde?

contrato social verde

La pandemia fue un ejemplo de crisis para la que era necesario actuar de forma conjunta y rápida y que, a su vez, puso de manifiesto la fragilidad de la resiliencia económica, ecológica y colectiva de nuestras sociedades. En cuanto a la transición ecológica y digital, la pandemia funcionó como un acelerador. Pero la crisis climática ya nos había dando momentos de alerta. Sin embargo, los gobiernos nacionales decidieron no darle prioridad ya que la transición verde no es una inversión de la que se puedan ver resultados directos y a corto plazo. Por tanto, los bienes públicos intangibles de los sistemas de resiliencia colectiva son fundamentales, y cuanto más integremos ese conocimiento desde el principio, mejor preparados estaremos para afrontar cualquier crisis.

En una primera instancia, podríamos esperar que las subvenciones medioambientales sean la solución para una transición digital y verde; sin embargo, esto no es suficiente, también necesitamos un contrato social entre el Estado, sus ciudadanos y las instituciones privadas y públicas para articular una agenda más verde e inclusiva. Por ejemplo, el programa Horizon Europe cuenta con un presupuesto de alrededor de 3.000 millones de euros con la finalidad de apoyar proyectos que se encuentren dentro de la agenda verde. Sin embargo, esto significa que las entidades privadas y públicas tendrán que trabajar juntas para que estas inversiones se reflejen en beneficios futuros para la sociedad, por ejemplo: la reducción de los precios de la energía y los alimentos bioseguros, o la garantía de que los recursos estén disponibles para las próximas generaciones.

Por lo tanto, una de las principales claves para lograr este difícil contrato es cambiar la forma en que percibimos nuestros recursos naturales y ecosistemas, pasando de ser considerado como un bien público a un bien común. Para entender por qué esto es tan fundamental, es importante mantener las dos ideas diferenciadas: el bien común “se refiere a aquellas facilidades -ya sean materiales, culturales o institucionales- que los miembros de una comunidad proporcionan a todos los miembros para cumplir con una obligación relacional que todos tienen de cuidar ciertos intereses que tienen en común” , mientras que un bien público es “un tipo particular de bien que los miembros de una comunidad no poseerían si cada uno estuviera motivado solo por su propio interés”.

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